Cámaras en el trabajo: qué hacer antes de instalarlas

La misma cámara, tres trámites distintos

Un cliente pide cámaras para la tienda, el almacén o el taller. Si en el encuadre puede aparecer un empleado, además de la normativa de protección de datos entra en juego la laboral. Y ahí cada país pide una cosa.

País	Antes de instalar	Dónde prohíbe grabar la ley	Qué arriesga quien se equivoca
España	Informar antes a los trabajadores y, en su caso, a sus representantes	Vestuarios, aseos, comedores y análogos	Infracción de la LOPDGDD: omitir la información figura entre las muy graves
Italia	Acuerdo con la representación sindical. Si falta, autorización de la inspección de trabajo	El artículo 4 no enumera lugares prohibidos	Multa penal o arresto de 15 días a un año. Sanción de la autoridad de datos
Reino Unido	Poder justificar la monitorización y avisar al personal de que existe y por qué	No en todas partes: el Gobierno cita el aseo como ejemplo	Tribunal laboral, reclamación ante la autoridad, multa

En España se informa antes, sin pedir autorización

La regla está en el artículo 89 de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD). El empleador puede tratar las imágenes de las cámaras para ejercer las funciones de control que le reconoce el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores. Siempre dentro de su marco legal. Ese artículo le permite adoptar las medidas de vigilancia y control que estime oportunas, guardando la consideración debida a la dignidad del trabajador.

El artículo 89 añade una condición. Hay que informar con carácter previo, de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores y, en su caso, a sus representantes.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) lo desarrolla en su guía sobre relaciones laborales, actualizada en diciembre de 2025. Los puntos que más afectan a un proyecto:

• No se pide consentimiento. La base jurídica es el contrato de trabajo y las facultades de control del empleador.
• Solo si no hay otro medio que cause menos impacto en la privacidad.
• Las cámaras justas. El número se limita a las necesarias. El zoom y las cámaras domo cuentan en ese análisis.
• Monitores fuera de la vista. Deben verlos, en lo posible, solo quienes controlan los equipos. Nunca clientes o usuarios.
• Sin reconocimiento facial. La guía considera desproporcionado combinar la videovigilancia con esa tecnología.
• En directo también es tratamiento. Da igual que las cámaras graben o solo muestren la imagen en tiempo real. Las simuladas quedan fuera. Las que están desactivadas pero pueden activarse sin esfuerzo excesivo, no.
• Quien gestiona las cámaras por cuenta de la empresa es encargado del tratamiento.

Zonas prohibidas y sonido

El artículo 89.2 no deja margen. En ningún caso se admiten sistemas de videovigilancia ni de grabación de sonidos en lugares destinados al descanso o esparcimiento, como vestuarios, aseos, comedores y análogos. La guía de videocámaras de la AEPD añade las taquillas entre los espacios donde la videovigilancia podría ser desproporcionada.

El sonido tiene regla propia. Grabar sonidos en el lugar de trabajo se admite únicamente cuando resulten relevantes los riesgos para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados de la actividad del centro. Se aplican la proporcionalidad y la intervención mínima. Los sonidos se suprimen como las imágenes: en el plazo máximo de un mes.

En la práctica, conviene revisar en la puesta en marcha si la cámara trae el micrófono activado. Si no concurre ese supuesto, se deja apagado.

El hallazgo casual y el cartel

Si la cámara capta la comisión flagrante de un acto ilícito por un trabajador, la ley da por cumplido el deber de informar cuando existe al menos el dispositivo informativo del artículo 22.4. Ese cartel identifica, como mínimo, la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercer los derechos.

No es una vía de escape. La AEPD recuerda, a propósito de la sentencia López Ribalda II del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que la prueba puede ser válida y, aun así, la empresa puede ser considerada responsable por infringir la obligación de informar.

Qué arriesga la empresa

La LOPDGDD incluye la omisión del deber de informar al afectado entre las infracciones muy graves, cuando supone una vulneración sustancial. No facilitar toda la información exigida figura entre las leves. Para las infracciones la ley remite al artículo 83 del reglamento europeo. No lo hemos releído en esta ocasión. Por eso no damos cuantías. Tampoco hemos leído procedimientos sancionadores de la AEPD sobre casos laborales.

Queda un punto abierto. El artículo 89 habla de informar a los representantes. No hemos revisado si otros artículos del Estatuto añaden obligaciones de consulta.

Para los plazos de conservación hay un artículo aparte.

En Italia, acuerdo sindical o autorización previa

Quien instala para un cliente con sede en Italia se encuentra con un trámite que la ley española que hemos leído no prevé. El artículo 4 del Statuto dei lavoratori permite los sistemas audiovisuales de los que derive también la posibilidad de controlar a distancia a los trabajadores únicamente por tres motivos: necesidades organizativas y productivas, seguridad en el trabajo y protección del patrimonio de la empresa.

Antes de instalar hace falta un acuerdo colectivo con la representación sindical de la empresa. Si no lo hay, una autorización del Ispettorato nazionale del lavoro, la inspección de trabajo italiana. La solicitud la presenta el representante legal, antes de la instalación, con un formulario específico para cámaras (INL 1). La inspección solo la admite si en la empresa no hay representación sindical o si el acuerdo no se ha alcanzado.

Saltarse el trámite tiene consecuencia penal. Multa o arresto de 15 días a un año. El texto vigente todavía expresa la multa en liras y no hemos verificado el importe que se aplica hoy.

Hay además sanción de la autoridad de datos, el Garante. En febrero de 2026 multó con 2.000 euros a un restaurante que tenía autorización, pero no la respetaba: veía las imágenes desde el móvil y las guardaba diez días, cuando la autorización excluía el acceso remoto y fijaba 24 horas. La sanción cubría también unos carteles sin responsable ni finalidad y la captación de zona pública sin necesidad acreditada.

En Reino Unido, justificar y avisar

Las páginas del Gobierno británico que hemos leído, para empleadores y para trabajadores, no mencionan acuerdos ni autorizaciones. Piden lo siguiente:

• Poder justificar la monitorización del personal. El circuito cerrado de televisión (CCTV) está entre los ejemplos.
• Avisar a los trabajadores de que se les monitoriza y por qué. El alcance debe explicarse en el manual del empleado o en el contrato.
• Registrarse ante la autoridad británica, el ICO, y pagar la tasa de protección de datos, salvo exención.
• Usar el sistema solo para su finalidad. Si se instaló para detectar delitos, no debe usarse para medir cuánto trabaja la plantilla.
• No en todas partes. El aseo es el ejemplo que da el Gobierno.

La monitorización oculta se admite si se sospecha que alguien infringe la ley y avisar dificultaría detectarlo. Debe formar parte de una investigación concreta. Y terminar con ella.

El riesgo: un tribunal laboral, una reclamación ante la autoridad y una multa. El tope legal por vulnerar los principios del tratamiento es de 17,5 millones de libras o, para una empresa, el 4 % de la facturación mundial anual, si es superior. Es el máximo teórico. No hemos leído sanciones por cámaras en el trabajo.

La web del ICO no pudo consultarse en esta ocasión. Para el detalle conviene ir a su guía.

Qué hacer antes de montar la primera cámara

• Preguntar al cliente si en las zonas grabadas trabaja alguien, y pedir constancia de que ha informado a la plantilla y, en su caso, a sus representantes.
• Dejar fuera del encuadre vestuarios, aseos, comedores y zonas de descanso.
• Desactivar el audio salvo que el cliente justifique un riesgo de seguridad relevante.
• Proponer el número de cámaras necesario y documentar por qué.
• Colocar los monitores donde solo los vea el personal autorizado.
• Comprobar que el cartel identifica al responsable y la posibilidad de ejercer los derechos.
• Si la empresa instaladora va a gestionar las cámaras, tener presente que pasa a ser encargada del tratamiento.
• En Italia, pedir copia del acuerdo sindical o de la autorización antes de instalar, y configurar el sistema según sus condiciones.
• En Reino Unido, dejar escrita la finalidad del sistema y no usarlo para otra.