Acceso a las imágenes de videovigilancia: quién puede pedirlas

Un vecino que dice que le han rayado el coche. Una patrulla que pregunta si la cámara de la entrada grabó algo. Un abogado que pide “todas las grabaciones del día 14”. Muchas veces la llamada no llega al responsable del tratamiento sino a la empresa instaladora o a la central receptora de alarmas que mantiene el sistema. Cada solicitante tiene un camino distinto, y en España la ley y la AEPD lo concretan más que en Italia y el Reino Unido.

El derecho de acceso de quien sale en la grabación

La LOPDGDD remite al artículo 15 del reglamento europeo: el interesado puede saber si se tratan datos suyos y obtener una copia. El plazo es el del artículo 12 del reglamento. Un mes desde la recepción, ampliable dos meses si la solicitud es compleja, avisando dentro del primer mes. Es gratuito.

La ley española añade matices propios.

• Se puede ejercer directamente o mediante representante legal o voluntario (artículo 12.1).
• No se puede denegar porque el interesado use otro canal distinto del previsto (artículo 12.2).
• La prueba de haber respondido corresponde al responsable (artículo 12.4).
• Pedir el acceso más de una vez en seis meses puede considerarse repetitivo, salvo causa legítima (artículo 13.3).

La guía de la AEPD sobre videocámaras da dos reglas que conviene conocer de memoria. El solicitante debe aportar una imagen actualizada suya, para que el responsable pueda comprobar si aparece en las grabaciones. Y si el sistema solo muestra imágenes en directo, sin grabar, hay que contestar igualmente diciendo que no existen imágenes grabadas.

Terceros en la imagen y el escrito certificado

La propia AEPD reconoce el problema: es casi imposible entregar imágenes sin que aparezca otra persona. Su solución es práctica. Se puede atender el acceso con un escrito certificado que describa, con la mayor precisión posible, los datos tratados, sin afectar a terceros.

Las directrices europeas van por otro lado. Proponen entregar la copia con los terceros difuminados o enmascarados, y advierten de que la protección de otras personas no debe servir de excusa para negar el acceso.

Nuestra recomendación: si el sistema permite exportar con máscara, entregar la copia. El escrito certificado sirve cuando no hay forma técnica de ocultar a los demás.

Un mes de conservación y un mes para responder

En España las imágenes se suprimen como máximo al mes de su captación (artículo 22.3). El plazo para responder también es de un mes. Coinciden en el número. No en el calendario.

Pongamos un sistema configurado a 30 días. La solicitud llega el día 25 de vida de la grabación. Quedan unos cinco días antes del borrado, y el responsable tiene un mes para contestar. Si nadie conserva el tramo, la respuesta llegará cuando la imagen ya no exista.

Las directrices europeas sobre el derecho de acceso piden justamente esto: adaptar las medidas al periodo de conservación para no perder los datos mientras se tramita la solicitud. El responsable puede conservar el tramo recuperado el tiempo necesario para responder.

Jueces, policía y seguridad privada

La guía de la AEPD distingue dos casos frecuentes de comunicación sin consentimiento. Cuando las piden jueces o tribunales, la base es una obligación legal del artículo 236 quáter de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Cuando las piden las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, debe ser para prevenir un peligro real para la seguridad pública o perseguir infracciones penales. En ambos casos la petición debe ser motivada y la entrega proporcionada a su finalidad, sin comunicación indiscriminada.

Si la grabación debe conservarse para acreditar actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones, la LOPDGDD fija 72 horas para ponerla a disposición de la autoridad, desde que se conoce su existencia.

Para las empresas de seguridad privada hay una regla más. La Ley 5/2014, en su artículo 42.4, dice que las grabaciones relacionadas con hechos delictivos o que afecten a la seguridad ciudadana se aportan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por iniciativa propia o a requerimiento, respetando la conservación y custodia para que valgan como prueba. El artículo 14.2 obliga a comunicar cuanto antes los hechos delictivos conocidos.

Un caso aparte son las entidades financieras: según la guía, sus imágenes solo están a disposición de jueces y policía, y el acceso del interesado puede denegarse de forma motivada.

Abogados y aseguradoras

Aquí España es el único de los tres países con una indicación expresa. La AEPD admite que un particular pida imágenes para identificar a un tercero y presentar una denuncia o una reclamación de responsabilidad ante una compañía de seguros. Lo considera compatible con la finalidad de seguridad. Con un límite claro: solo lo necesario, el incidente concreto que el solicitante sepa identificar.

El interesado también puede pedir que se conserven las imágenes porque las necesita para una reclamación.

Italia y Reino Unido, el mismo caso

En Italia rige el mismo reglamento, pero el Garante no tiene una FAQ general sobre el acceso. Admite prolongar la conservación cuando lo pide de forma específica la autoridad judicial o la policía judicial para una investigación en curso.

En el Reino Unido, desde el 5 de febrero de 2026, el mes empieza en el momento más tardío entre la recepción de la solicitud, la recepción de la información pedida para verificar la identidad y el pago de una eventual tasa. Si el responsable pide datos para localizar la grabación, el plazo se detiene. El grabador sigue borrando.

	España	Italia	Reino Unido
Plazo para el interesado	1 mes, más 2 si es complejo	1 mes, más 2 si es complejo	1 mes desde el momento más tardío entre recepción, información sobre la identidad y pago; más 2
Terceros en la imagen	Ocultar o escrito certificado	Ocultar antes de entregar	Sin obligación de revelarlos, salvo consentimiento o si es razonable
Policía y jueces	Petición motivada; 72 horas si la grabación acredita actos contra personas, bienes o instalaciones	Obligación legal, si la ley nacional impone colaborar	Excepción por prevención e investigación de delitos
Aseguradoras	Particular que reclama a una aseguradora: admitido, solo el incidente	No tratadas en las fuentes	No tratadas expresamente

Qué hacer en la próxima instalación

• Fijar en el contrato de encargado quién tramita las solicitudes. La LOPDGDD lo permite si el contrato lo prevé, y la AEPD pide que el contrato se adapte al servicio real.
• Al recibir una solicitud, guardar una copia del tramo de grabación antes de cualquier otra comprobación.
• Probar en la puesta en marcha la exportación con máscara y anotar cuánto tarda una hora de una cámara.
• Tener preparado un modelo de escrito certificado para cuando no se pueda ocultar a terceros.
• Llevar un registro de entregas: quién pidió, qué tramo, en qué soporte y cuándo.
• Para los plazos de borrado, nuestra guía sobre conservación de imágenes. El cartel de videovigilancia debe indicar cómo ejercer los derechos. Si las cámaras graban a trabajadores, revisar también las cámaras en el trabajo.