Videovigilancia: cuánto tiempo se pueden conservar las imágenes

La regla que vale en los tres países

España, Italia y Reino Unido parten del mismo principio: las imágenes se guardan solo el tiempo que exige la finalidad con la que se captaron. Quien gestiona el sistema debe poder explicar por qué ha elegido ese plazo.

Lo que cambia es cómo cada país convierte el principio en números.

País	Plazo fijado por ley	Quién decide
España	Un mes como máximo desde la captación	El responsable, dentro del límite legal
Italia	Ninguno con carácter general. Siete días para los ayuntamientos, en seguridad urbana	El responsable, justificando el plazo
Reino Unido	Ninguno	El responsable, según la finalidad

España: un mes, y las 72 horas que se suelen confundir

El plazo está en la ley. El artículo 22.3 de la LOPDGDD obliga a suprimir las imágenes en el plazo máximo de un mes desde su captación.

La excepción son las imágenes que deban conservarse para acreditar actos contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. En ese caso hay que ponerlas a disposición de la autoridad competente en un máximo de 72 horas desde que se tiene conocimiento de que la grabación existe.

Conviene leerlo despacio, porque es el error más frecuente: las 72 horas son un plazo de entrega, y empiezan a contar cuando se conoce la grabación. El plazo de conservación sigue siendo de un mes como máximo.

Otro detalle práctico: cumplido el mes, las imágenes se borran de verdad. El mismo artículo excluye para la videovigilancia la obligación de bloqueo que se aplica a otros tratamientos.

Hay sanciones por conservar de más. En el procedimiento PS/00092/2023, la AEPD comprobó que una empresa guardaba las grabaciones durante un año. La multa por el exceso de conservación fue de 500 euros, y de 1.500 en total con las demás infracciones.

Dos recordatorios para el instalador:

• El cartel. Debe identificar, como mínimo, la existencia del tratamiento, al responsable y la posibilidad de ejercer los derechos.
• Quién instala. Los sistemas conectados a una central receptora de alarmas o a un centro de control o de videovigilancia solo pueden instalarlos y mantenerlos empresas de seguridad privada. Y encargar la instalación a un tercero no libera al titular de sus obligaciones de protección de datos.

Plazos de conservación por lugar

El mes del artículo 22.3 es la regla para casi todos. En esta tabla solo dos lugares tienen una norma con plazo propio, los bancos y las cámaras de la policía en la vía pública.

Lugar	Plazo	Qué dice la fuente	Fuente primaria
Tiendas, supermercados, oficinas y demás responsables privados	Un mes como máximo desde la captación	Se suprimen, salvo las imágenes que acrediten actos contra personas, bienes o instalaciones	LOPDGDD, art. 22.3; guía AEPD, 2.3.9
Comunidad de propietarios	El general, un mes como máximo	Las cámaras en zonas comunes requieren acuerdo de la junta de propietarios. La guía no fija un plazo distinto	Guía AEPD, 3.7.1; LOPDGDD, art. 22.3
Lugar de trabajo	El artículo 89 no fija uno propio	Hay que informar antes a los trabajadores y, en su caso, a sus representantes. Para los sonidos remite al borrado del artículo 22.3	LOPDGDD, arts. 22.8 y 89
Bancos y cajas	Quince días desde la grabación	Se conservan al menos quince días y después se inutilizan, salvo que jueces o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dispongan otra cosa	Reglamento de Seguridad Privada, art. 120.1.a; guía AEPD, 3.4
Cámaras policiales en la vía pública	Un mes como máximo	Salvo infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia de seguridad pública, investigación policial en curso o procedimiento judicial o administrativo abierto	Ley Orgánica 4/1997, art. 8.1
Vivienda, cámaras solo en el interior	Ninguno	Fuera del RGPD. La exclusión no vale si una empresa de seguridad contratada accede a las imágenes	LOPDGDD, art. 22.5
Vivienda unifamiliar, cámaras exteriores que captan personas	El general, un mes como máximo	Se aplica el RGPD	Guía AEPD, 3.7.2; LOPDGDD, art. 22.3

La fila de los bancos merece una nota. El reglamento es de 1994 y el BOE advierte que sigue vigente en lo que no contradiga la Ley 5/2014 de Seguridad Privada. La guía de la AEPD de febrero de 2025 lo sigue aplicando, y lee esos quince días como plazo de supresión.

En el trabajo, el artículo 89 no da un número. Ninguna de las fuentes leídas dice de forma expresa que el mes del artículo 22.3 se aplique a las imágenes de control laboral. Las reglas completas están en la guía sobre cámaras en el trabajo. Para las comunidades hay un artículo propio, y para las viviendas que enfocan la calle o al vecino, la guía sobre vivienda, vía pública y vecinos.

Dimensionar el grabador. Primero se decide el número de días y después el disco. Nuestro cálculo del almacenamiento saca los terabytes a partir del número de cámaras, el bitrate, las horas de grabación y los días de conservación.

Si hay un delito

El plazo de un mes tiene una salida. Las imágenes que acreditan actos contra personas, bienes o instalaciones pueden conservarse más, pero el artículo 22.3 obliga a ponerlas a disposición de la autoridad competente en 72 horas desde que se sabe que existen.

Cuando es la policía quien las pide, la base es otra ley. La Ley Orgánica 7/2021 obliga a cualquier persona física o jurídica a proporcionar a jueces, Ministerio Fiscal y Policía Judicial los datos que pidan para investigar infracciones penales (art. 7.1). La petición de la Policía Judicial tiene que ser motivada, concreta y específica, y la propia Policía Judicial debe dar cuenta de ella al juez y al fiscal.

La AEPD pone un límite a la entrega. Debe ser proporcional a lo pedido, sin comunicaciones indiscriminadas. Si un agente pide la grabación de un robo a las 22:10, se exporta ese intervalo y esas cámaras, no el disco entero.

Las directrices europeas sobre videovigilancia distinguen dos casos con un ejemplo de tienda.

• La policía pide las imágenes de un robo de cartera para su investigación. La base para entregarlas es la obligación legal, junto con la ley nacional.
• El dueño cree haber grabado algo sospechoso y envía el material por iniciativa propia, sin que conste una investigación en curso. Ahí tiene que valorar su interés legítimo, que normalmente existe si sospecha razonablemente que se ha cometido un delito.

Un particular también puede pedir imágenes para presentar una denuncia. La guía de la AEPD admite la cesión, limitada al incidente concreto que motiva la petición. El procedimiento está explicado en la guía sobre el acceso a las imágenes.

En una oficina bancaria todo va más rápido. El reglamento obliga a entregar de inmediato a jueces y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las grabaciones que se refieran a hechos delictivos.

Italia: decide el responsable, y debe poder explicarlo

La autoridad italiana no da un número válido para todos. Corresponde al responsable fijar el plazo según el contexto y la finalidad. En la mayoría de los casos las imágenes deberían borrarse a los pocos días, preferiblemente de forma automática.

Aquí también aparecen 72 horas, con otro sentido. Vienen de las directrices europeas sobre videovigilancia, que la autoridad italiana recoge: cuanto más largo es el plazo, sobre todo por encima de 72 horas, más sólida debe ser la justificación. Las 24 horas que se citan a menudo son solo el ejemplo de una tienda pequeña.

Existen casos con cifra concreta. Los ayuntamientos tienen por ley siete días para la seguridad urbana. En las comunidades de propietarios, la autoridad considera razonable no superar los siete días. En el trabajo hace falta un acuerdo sindical o una autorización de la inspección de trabajo, y si esa autorización fija un plazo, ese es el que manda.

En febrero de 2026 la autoridad italiana multó con 2.000 euros a un restaurante que, entre otras infracciones, guardaba las imágenes diez días en lugar de las 24 horas autorizadas.

Reino Unido: sin número, y los 31 días no son una obligación

La autoridad británica lo dice de forma directa: la ley no fija periodos mínimos ni máximos. La finalidad del sistema determina el plazo.

Su guía añade dos avisos útiles. El plazo no se decide por la capacidad del grabador. Y no vale guardar todo por si acaso: mantener seis meses de grabaciones porque los ajustes del equipo lo permiten no es una justificación.

En el sector británico se repite a menudo la cifra de 31 días. No es una obligación legal. Aparece en una guía sobre los requisitos de la policía para los sistemas de grabación, que no la impone: solo señala que conservar más de 31 días puede ser útil en algunos casos.

La guía del ICO está en revisión tras la reforma británica de datos de 2025, así que conviene comprobarla antes de citarla a un cliente.

Qué llevarse a la obra

• Preguntar al cliente para qué quiere el sistema antes de hablar de días.
• Dejar por escrito el plazo de conservación en la documentación entregada.
• Configurar el borrado automático al mes, como máximo, y comprobarlo en la puesta en marcha. Los ajustes de fábrica no son una decisión.
• En una oficina bancaria, ajustar el grabador a quince días.
• Probar en la puesta en marcha la exportación de un intervalo concreto y el bloqueo de la sobrescritura, y dejar escrito quién sabe hacerlo. Si una grabación acredita actos contra personas, bienes o instalaciones, hay 72 horas para ponerla a disposición de la autoridad desde que se conoce.
• Si el cliente tiene sedes en varios países, configurar cada una según su norma local.